Blog de Pareto El tamaño del gobierno y la condición de Samuelson

El tamaño del gobierno y la condición de Samuelson

by Rolando Guzmán

¿Cuál es el límite adecuado en esa secuencia o, en otras palabras, qué porcentaje de nuestros recursos deberíamos poner en manos del gobierno y qué porcentaje reservarnos para nuestro uso individual?

En una conversación reciente, un amigo planteó una pregunta alevosa: ¿cuál es el nivel adecuado del gasto público para la economía dominicana? Esto remite sin atajos a una inquietud que busca respuesta desde la aparición de los estados modernos; esto es, la determinación del tamaño óptimo del gobierno para una economía de mercado. Hace cuatro siglos, Thomas Hobbes concibió un contrato social donde las funciones del gobierno podrían limitarse a la preservación de la seguridad ciudadana y la administración del sistema de justicia. Un siglo y medio después, Adam Smith agregó otras tareas, al reconocer el papel del gobierno en la generación de infraestructura de uso colectivo, anticipando así -en aquellos primeros momentos cuando las cosas económicas carecían de nombre y había que describirlas con ejemplos- lo que ahora conocemos como bienes públicos. A esto se han sumado funciones relativas a la administración del sistema de seguridad social, gastos redistributivos y regulación económica, entre otras.

¿Cuál es el limite adecuado en esa secuencia o, en otras palabras, qué porcentaje de nuestros recursos deberíamos poner en manos del gobierno y qué porcentaje reservamos para nuestro uso individual? En 1958, Paul Samuelson dio una respuesta tan brillante que a primera vista parece tautológica: un gasto público debe realizarse si la suma del valor que genera para todos los contribuyentes es mayor que el valor de los bienes privados que se dejarían de consumir debido al aumento de impuestos. La denominada Condición de Samuelson es lógicamente impecable, pero el desafío es pasar de la teoría a la aplicación práctica. ¿Cómo sabemos con certeza que 100 millones de pesos entregados al gobierno como impuestos nos generarán mayor valor que la satisfacción que obtendríamos con los millones de panes, libras de queso, blusas y camisas que podríamos adquirir con esos recursos?

El advenimiento de las redes de datos abre la posibilidad de que el problema se resuelva a través de la tecnología. Tal vez estamos cerca de un mundo donde el presupuesto público de cada año pueda elaborarse sometiendo una lista de posibles iniciativas y pidiendo a cada contribuyente indicar el monto de dinero que estaría dispuesto a contribuir para cada cosa, según el valor individual que le atribuya. Con esa información, el gobierno solo tendría que sumar todas valoraciones, incorporar al presupuesto las iniciativas que tengan una valoración social superior al costo de realizarlas… y pasar a cada hogar una factura igual al monto de su disposición a pagar. Sin embargo, esa idílica vuelta a la democracia griega de participación ciudadana directa enfrentaría dos problemas. Primero, cada ciudadano tendría un incentivo a mentir y declarar una disposición a pagar inferior a su valoración real de cada iniciativa, con la esperanza de que otros paguen por los bienes deseados. Si cada quien actúa de ese modo, se llegaría obviamente a un equilibrio ineficiente, en que muchos bienes no podrían financiarse a pesar de ser realmente muy valorados. En segundo lugar, aunque las personas quisieran ser honestas, probablemente no sabrían el valor real que les aportaría cada cosa. Por ejemplo, ¿cómo determinaría un ciudadano común el valor que debe atribuir a la construcción de una nueva presa?

Por tanto, es probable que, a pesar de los avances tecnológicos, el tamaño del gobierno se siga determinando a la vieja usanza; es decir, a través de debates y decisiones en la arena política. Esto trae apareado el permanente riesgo de que los políticos tengan pocos incentivos para atender los intereses colectivos y, al revés, grandes incentivos para actuar en beneficio propio agrandando el gobierno más allá de lo socialmente útil. Hasta ahora, sin embargo, el gasto del gobierno dominicano como porcentaje del PIB tendió mas bien a reducirse durante varias décadas y, tras comenzar a recuperarse en los noventa, hoy ronda un 20% que no está muy distante del nivel que tuvo sesenta años atrás. Si se compara con un nivel de gasto público superior a 50% en Francia, 35% en Estados Unidos o 37% en Reino Unido, parecería que hay espacio para repensar lo que el país dedica al gasto colectivo y al gasto privado, a menos que nuestras necesidades y función de producción sean radicalmente distintas a las de otras economías.

Pero también es necesario destacar que esos países llegaron donde están tras un largo recorrido, en el que fueron desarrollando sistemas de información, monitoreo y evaluación que nosotros no tenemos. Fue uniendo todas esas piezas que la Estrategia Nacional de Desarrollo realizó una propuesta de elevar la presión presupuestaria del país a cerca de 23% del PIB para 2030, pero condicionando ese tránsito al fortalecimiento de los mecanismos para garantizar una buena gestión de los recursos. Esa sigue siendo una pre condición indispensable, sin la cual la venturosa ‘Condición de Samuelson’ no podría ser alcanzada.