Tras un atraso de al menos cinco años, parece ser inminente la discusión con miras a un pacto fiscal. Las razones resultan comprensibles: en ausencia de cambios sustanciales en las finanzas públicas, el presente gobierno y los que eventualmente le sucedan tendrían que escoger entre dos monstruos igualmente indeseables: el desequilibrio económico, en el mediano plazo, y la incapacidad de satisfacer las aspiraciones de la sociedad, en un plazo más largo.
Hasta el momento, sin embargo, son escasos los planteamientos concretos en torno a lo que debería procurarse de un pacto fiscal, si ignoramos enunciados generales que abogan de manera rutinaria por una “reforma integral.” Esto hace pertinente iniciar una discusión sobre lo que deberíamos esperar del mencionado pacto, yendo más alla de proposiciones que, en el fondo, reflejan una renuncia a poner sobre la mesa ideas más específicas. Por supuesto, es también necesario fijarse expectativas realistas y abandonar cualquier pretencion de llegar a consensos sobre figuras tributarias especificas o sobre la eliminación de este o aquel renglón de gasto. La aspiración debe ser establecer principios que orienten las decisiones del gobierno en el ejercicio de prerrogativas que no son delegables y que sirvan de sustento político a decisioens en las que siempre habrá alguien de cuya cartera saldrá (o dejará de entrar) alguna moneda.
En ese espíritu, una discusión relevante giraría en torno a la ratificacion o enmienda de la ambiciosa agenda de reforma que ya fue planteada en la Estrategia Nacional de Desarrollo: establecimiento de una ley de responsabilidad fiscal con normas y penalidades para garantizar su cumplimiento, la transferencia gradual a los municipios las competencias, recursos y funciones tributarias, el lanzamiento de procesos orientados a reducir la evasión fiscal, aumento de la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, una recomposición de la estructura de impuestos y una trayectoria que llevaría los impuestos desde 13% del Producto Interno Bruto a 19% en 2020, y a 24% en 2030.
La simple ratificación o enmienda de esos mandatos seria, por si misma y con necesidad de poco mas, un resultado trascendente del proceso de diálogo social. Las circunstancias actuales, sin embargo, invitan a ir mas alla, y plantearnos con mayor franqueza la forma en que queremos satisfacer nuestros comprensibles reclamos de de equidad, calidad y transparencia. Un punto de discusión podría ser el papel que asignaremos al Estado de aquí en adelante, lo que equivale a discutir -sin necesidad de nombrarlas- sobre las EDES o Punta Catalina. Otro punto que exige un grado de consenso para catalizar la toma de decisiones es la composición de las recaudaciones. ¿Debe el país abocarse a resultados realmente ambiciosos en la tributación sobre los ingresos de capital y el patrimonio, o debería, por el contrario, expandir su plataforma de impuestos al consumo? ¿Preservamos una estructura tributaria con amplias diferencias sectoriales o navegamos hacia una una estructura más uniforme? De forma inevitable, esto llevaría a reflexiones, en un sentido u otro, sobre el régimen de zonas francas, la Ley de Cine, la Ley de Energia Renovables y la Ley de Desarrollo Fronterizo, entre otros casos.
Por otro lado, el llamado de la END al establecimiento de reglas fiscales debería conducir a una agenda que se oriente a un mayor control del nivel del gasto y del déficit publico, así como a una trayectoria mejor administrada de la deuda publica. Y en esa misma dirección, obviamente, no deberíamos perder la oportunidad de revisar los mecanismos de asignación de recursos presupuestarios y llegar a un mandato sobre las incontables leyes de asignación de recursos a funciones especificas, que limita la calidad del gasto y su capacidad de reaccionar ante necesidades del ciclo económico. Por otro lado, la mesa del CES debería recibir ideas para llegar a lineamientos sobre el papel de la inversión, tanto en capital físico como en capital humano, en el presupuesto del sector público. Por último, es también claro que, en el contexto dominicano, en algún momento habrá que hablar sobre la relación de la política fiscal con la política monetaria, dado que una gran parte del déficit público tiene un origen asociado a la difícil gestión de la estabilidad financiera.
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